Más recursos para las comunidades: la reforma fiscal que redefine el poder económico en España

La propuesta del Ministerio de Hacienda de incrementar la cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA al 56,5% a las comunidades autónomas ha reabierto uno de los debates más sensibles —y estructurales— de la economía española: cómo se reparte el poder fiscal dentro del Estado. No estamos ante un ajuste técnico ni ante una mera negociación presupuestaria, sino ante una reforma que, bien entendida, afecta a la arquitectura financiera del país.

En un contexto de fuerte presión sobre el gasto público, envejecimiento poblacional y deuda elevada, cualquier modificación del sistema de financiación autonómica debe analizarse no solo por quién gana más hoy, sino por qué incentivos genera mañana.

Un cambio de calado: más cesión, menos dependencia

IRPF e IVA son los dos pilares de la recaudación tributaria en España. Elevar su cesión supone que una mayor parte de la riqueza generada en cada territorio pasa directamente a manos autonómicas, reduciendo la dependencia de transferencias posteriores del Estado.

En términos cuantitativos, las estimaciones apuntan a miles de millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades, con un impacto especialmente relevante en aquellas con mayor base fiscal. En el caso de Cataluña, ERC cifra el aumento de recursos en 4.700 millones de euros, defendiendo que el nuevo modelo es beneficioso para todos.

Pero más allá de las cifras, el cambio tiene un significado profundo: avanza hacia una mayor autonomía financiera real, algo que el sistema vigente —en funcionamiento desde 2009— ha sido incapaz de garantizar de forma estable.

Recaudación en tiempo real: el giro técnico que casi nadie discute

Uno de los elementos más relevantes de la propuesta es la posibilidad de abandonar el sistema de entregas a cuenta y pasar a un esquema de recaudación prácticamente en tiempo real.

El modelo actual obliga a las comunidades a trabajar con previsiones que se liquidan dos años después, generando:

• incertidumbre presupuestaria,

• tensiones de tesorería,

• y ajustes posteriores de gran magnitud.

La recaudación en tiempo real mejora la previsibilidad, alinea ingresos y ciclo económico y reduce la dependencia financiera del Estado, acercando el modelo español a los sistemas fiscales más maduros de su entorno.

Este cambio, silencioso pero decisivo, es uno de los avances técnicos más sólidos de la propuesta.

Más recursos… pero no para todos por igual

Como ocurre en cualquier sistema descentralizado, el reparto no es neutro. Las comunidades con mayor capacidad recaudatoria serán las principales beneficiadas en términos absolutos. Para compensar estas diferencias, el nuevo modelo refuerza el concepto de población ajustada, incorporando variables como:

• estructura de edad,

• costes reales de prestación de servicios,

• dispersión territorial.

El objetivo es aproximar la financiación a las necesidades reales de gasto, y no solo al tamaño poblacional. Desde un punto de vista técnico, el enfoque es correcto.

Sin embargo, el verdadero equilibrio del sistema dependerá de los mecanismos de nivelación. Aquí reside uno de los grandes riesgos: si la solidaridad interterritorial no se define de forma clara, explícita y suficiente, las brechas estructurales pueden ampliarse, alimentando el conflicto político que precisamente se pretende reducir.

La gran pregunta incómoda: ¿Quién asume el coste?

Existe un punto ciego en el debate público que rara vez se aborda con claridad:

si las comunidades reciben una mayor parte de los grandes impuestos, el Estado central pierde margen financiero.

Ese ajuste solo puede resolverse de tres formas:

1. reduciendo gasto estatal,

2. aumentando deuda,

3. o creando nuevas figuras impositivas.

En un país con elevados compromisos estructurales —pensiones, intereses de la deuda, defensa, obligaciones europeas—, esta cuestión no es menor. Descentralizar ingresos sin redefinir el perímetro del Estado es trasladar el problema, no resolverlo.

España en perspectiva internacional: una descentralización incompleta

Comparada con otros Estados descentralizados avanzados, España no está retrasada, pero sí a medio camino.

• Alemania reparte IRPF e IVA de forma automática y constitucional, con una potente nivelación entre regiones.

• Canadá combina autonomía fiscal real con transferencias explícitas de igualación.

• Suiza hace visible la relación entre impuestos y gasto, reforzando la disciplina fiscal.

En todos estos modelos hay un elemento común: corresponsabilidad fiscal plena. El ciudadano sabe quién recauda, quién gasta y quién responde políticamente.

España avanza con esta reforma, pero aún mantiene una ambigüedad peligrosa: más recursos autonómicos sin plena asunción del coste político de la recaudación.

¿De verdad “nadie pierde”?

Desde una óptica estrictamente contable, la afirmación de que “nadie pierde y todo el mundo gana” solo se sostiene si:

• el Estado absorbe el ajuste,

• o si se acompaña la reforma de una revisión profunda del gasto público.

De lo contrario, el conflicto no desaparece: se desplaza.

Conclusión: una reforma necesaria, pero no suficiente

La propuesta de Hacienda es necesaria y técnicamente defendible. Moderniza un sistema agotado, mejora la autonomía financiera y corrige ineficiencias evidentes.

Pero su éxito no dependerá solo de los porcentajes de cesión, sino de tres decisiones clave que aún están abiertas:

1. cómo se articula la solidaridad interterritorial,

2. cuánta responsabilidad fiscal real asumen las comunidades,

3. y qué papel financiero conserva el Estado.

En última instancia, esta reforma no trata solo de financiación autonómica. Trata de algo más profundo: cómo se reparte el poder fiscal en España y cómo se garantiza la sostenibilidad del conjunto del sector público.

Ahí es donde se decidirá si estamos ante una solución estructural… o ante un nuevo capítulo de un debate que nunca termina.